En peligro el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal
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El Gobierno, a través del Grupo Socialista, presentó anteayer, en la Ponencia de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, una enmienda transaccional a las enmiendas presentadas por los demás Grupos Parlamentarios, sobre la consideración del acceso a internet por Banda Ancha como Servicio Universal (recordemos que el Proyecto de Ley no contiene ninguna previsión al respecto). La enmienda transaccional, pactada y aprobada por todos los grupos, salvo el Grupo Popular, reforma el art. 22 de la Ley General de las Telecomunicaciones , que quedaría como sigue:
Art. 22.1 LGT – Servicio Universal
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación del servicio telefónico disponible al público, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.
Enmienda Transaccional del PSOE
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación del servicio telefónico disponible al público, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal."
La directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo de 7 de marzo de 2002, previene todo tipo de garantías para los internautas pero no precisamente la banda ancha. Por tanto, de aprobarse esta enmienda, es colar por la puerta de atrás que hasta 4 millones de españoles que aún no acceden a velocidad suficiente a Internet, no tenga una básica disposición legal a la que acogerse.
Por último, hay que recordar al Gobierno y el Grupo Socialista que en una reciente comunicación de la Comisión, de abril de 2006, sobre revisión del alcance del servicio universal, se señala que: "no se cumplen las condiciones necesarias para incluir los servicios de banda ancha en el ámbito de aplicación del servicio universal".
Mucho cuidado con esto que no es ninguna broma.
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La LISI sigue empeñada en el cierre de webs sin orden judicial
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Vía internautas.org llego a ABC para leer que las cuatro enmiendas transaccionales al Proyecto de Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) por parte del Grupo Socialista van a dar que hablar, especialmente la que dice que sólo los jueces tendrán la potestad de restringir los contenidos de una web "cuando colisionen con la libertad de expresión o información". Esto no elimina por completo la anterior ambigüedad y sigue teniendo en cuenta la posibilidad de que en determinados supuestos, sean los «órganos competentes» quienes restrinjan los contenidos (o cierren) páginas web.
"Tanto los internautas como el resto de los grupos parlamentarios -explica a ABC Víctor Domingo- queremos que sea un juez quien decida, en todos los casos. Pero en su artículo 8, la ley sigue dejando en manos de terceros el bloqueo de contenidos en determinadas páginas en internet". Ya no es el 17 bis -retirado- pero puede causar efectos semejantes la inexactitud de la pretendida norma jurídica.
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y el tema del canon.. es para reir
http://www.internautas.org/html/4471.html
Contra el canon digital
La industria calcula que el 80% de los móviles que se van a vender el año que viene incorporarán MP3. Estos aparatos estarían sujetos a un nuevo gravamen que se movería entre el 2% y el 5% del precio del terminal.
La recaudación por este canon iría destinada a las asociaciones de autores en concepto de compensación por las copias que eluden el pago de derechos a los creadores. Otros medios como los ordenadores portátiles, las cámaras digitales de fotografía y los reproductores de DVD estarían también sometidos a este canon.
Los fabricantes de móviles y los operadores telefónicos se han manifestado en contra de esta medida, argumentando -entre otras razones- que la telefonía móvil ya soporta una presión fiscal extraordinaria, superior a cualquier otra industria.
EL MUNDO siempre se ha manifestado en contra de gravar de forma indiscriminada los aparatos de registro y reproducción digital porque ello presupone considerar que todos los ciudadanos practican la piratería de los derechos de autor.
Resulta evidente que no se puede tratar a todos con el mismo rasero y que es injusto hacer pagar un canon a quien no ha utilizado nunca el ordenador para copiar un disco, equiparándolo al que realiza esta operación de forma habitual.
En el caso de los móviles, los usuarios pagan derechos por la gran mayoría de las descargas e incluso sus aparatos tienen programas que impiden las copias indiscriminadas. El canon supone, por tanto, una imposición fiscal adicional, que se añade a la que ya existe.
Se han realizado hasta ahora diversas estimaciones sobre lo que supondrá la recaudación del canon digital en todo tipo de dispositivos. Con toda seguridad, no bajará de cientos de millones de euros, cifra que saldría de los bolsillos de los compradores para engrosar las arcas de las sociedades de autores.
Creemos que este canon digital carece de sentido, al menos tal y como ha sido formulado y cuantificado. Es injusto, desproporcionado y arbitrario, por lo que sería mejor que el Gobierno metiera en un cajón la orden ministerial que ha elaborado.
Editorial de El Mundo
